El Alavés abre una nueva etapa de austeridad con la intervención judicial |
La directiva conserva sus facultades, pero será fiscalizada por los administradores concursales: el abogado Andoni Echeverría, el auditor Fernando Ercilla y la Diputación por parte de los acreedores | El juzgado aprecia «el estado de insolvencia» de la sociedad, con una deuda de 23 millones
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J. A. MARTÍNEZ VIGURI
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CANAL MENDIZORROZA. Piterman y Tebas, dos de los protagonistas que han conducido al club al proceso concursal. / N. GONZÁLEZ
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El Alavés recibió ayer la notificación por la que suspiraba desde hacía tres semanas. A media mañana, el fax de las oficinas de Mendizorroza, del que estaba pendiente Fernando Ortiz de Zárate, escupió por fin el auto del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria que declara la intervención judicial de la sociedad anónima albiazul, que la somete a concurso como medida de choque frente a su extrema debilidad financiera. Acorralada por las deudas, cifradas por la propia entidad en 23 millones de euros -así se lo hizo ver documentalmente a la jueza para solicitar el proceso ya admitido-, encuentra refugio en la Ley Concursal, la salvaguarda jurídica puesta al servicio de las empresas insolventes para garantizar su supervivencia mientras resuelven a largo plazo los atrasos o deudas.
Desde ayer, el Alavés abre una nueva etapa marcada por la austeridad en sus finanzas. Se avecinan tiempos de economía de guerra por el paseo de Cervantes. Es una vuelta al pasado para un club ya otras veces zarandeado por los números rojos. En 1986 cayó a Tercera por un descenso administrativo como consecuencia de un impago a su plantilla. Sin ser mejor o peor -los hechos lo demostrarán-, la casa albiazul se prepara de nuevo para una larga travesía por el desierto, pero en Segunda.
En resumidas cuentas, lo que viene a decir la Ley Concursal es que el intervenido o deudor, en este caso el Alavés, está obligado a ajustar escrupulosamente sus gastos a los ingresos -ni un euro de desvío, nada de nuevas deudas- y que, desde el preciso instante en que es fiscalizado, deberá pagar religiosamente, al día, en tanto busca un acuerdo o convenio con sus acreedores, que son muchos, para satisfacerles los débitos. La cuantía de la deuda global puede verse reducida hasta un 50% mediante un sistema de quitas y abonada en cinco años, según la ley.
Informe y acreedores
El concurso del Alavés, voluntario porque lo pidió la empresa bajo la presidencia de Dmitry Piterman, el culpable del estropicio, ya está en marcha. La jueza Blanca Idoia Martínez de Luna, después de apreciar «el estado de insolvencia inminente» del deudor, mantiene en el auto las facultades del consejo de administración de Ortiz de Zárate para gestionar la sociedad a diario, aunque le somete a la fiscalización de tres administradores. Asignados por ella, son el abogado Andoni Echeverría, el auditor Fernando Ercilla y la Diputación Foral de Álava, que actuará en representación de los acreedores.
Como primer paso, los interventores se reunirán en breve con Zárate y su grupo -quizá mañana jueves- para estudiar el estado económico del Alavés y elaborar un informe para la jueza. También se encargarán de citar a los demandantes de dinero en el juzgado con el fin de que acrediten el impago y se sumen a la masa o junta de acreedores. Por delante tienen más de un mes de plazo en ambos casos.
Pero el procedimiento concursal en el Alavés tiene un efecto inmediato y beneficioso para él, aunque perjudicial para los reclamantes. Todas las deudas particulares y acciones judiciales previas se congelan, los contratos siguen en vigor, aunque sujetos a rebajas o a un futuro expediente de regulación de empleo, y el riesgo de un descenso por moroso se esquiva. Así, las denuncias de los jugadores ante la AFE, en un número de veinte, se ponen a la cola de las reclamaciones, como las sentencias y los juicios pendientes. De igual forma, los bienes del Alavés -Ibaia, Izarra y siete vehículos- quedan sujetos a la intervención. Un proceso, en suma, bien recibido por esperado en Mendizorroza.
ja.m.viguri@diario-elcorreo.com
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